Actualizado 28/08/2009 - 00:20 h
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró ayer que los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SPEE) habían reconocido, a 26 de agosto, la percepción de la ayuda de 420 euros a más 5.000 solicitantes –del total de 340.000 potenciales beneficiarios–, que empezarán a cobrarla en septiembre.
Además, en el transcurso de su intervención en la Comisión de Trabajo del Congreso, indicó que, desde la puesta en marcha de la medida el pasado 17 de agosto, se ha enviado información a 85.000 personas que agotan su prestación entre el 1 de agosto y el 4 de septiembre, a través de cartas y mensajes a móviles.
LIMITACIONES A LA AMPLIACIÓN
Preguntado sobre si el Gobierno ampliará la ayuda a los parados, Corbacho explicó que, si bien es cierto que “la medida puede que tenga que ser ampliada”, también lo es que “el presupuesto del Gobierno tiene sus propias limitaciones”. Asimismo, indicó que las competencias del Gobierno acaban cuando los ciudadanos agotan el subsidio por desempleo y que, a partir de ahí, “se entra en competencias directas y exclusivas de las comunidades autónomas”.
Corbacho también valoró ayer la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para completar en 200 euros la ayuda de 420 euros, aunque consideró que “sería complejo de llevarla a término desde el punto de vista jurídico”. “Lleva buena intención”, aseguró Corbacho, para añadir a renglón seguido que el Gobierno “lo va a estudiar, pero en el marco bilateral con las comunidades autónomas”.
MÁS DETERIORO
Acerca de la evolución que cabe esperar del paro en los próximos meses, el titular de Trabajo indicó que “todo hace pensar que en los próximos meses probablemente se verá amortiguada la tendencia positiva que ha habido de crecimiento de empleo” alentada por el Fondo de Inversión Local. Si bien, Corbacho justificó este esperable deterioro en las “series históricas”, pues, según dijo, “agosto, septiembre y octubre han sido meses en los que, incluso en épocas de crecimiento, el paro ha aumentado”.
Respecto al diálogo social, el ministro anunció durante su comparecencia de ayer que el Gobierno adoptará “todas las medidas que estime necesarias” en materia laboral, aunque haya una falta de acuerdo entre la patronal y sindicatos. Además, arremetió contra la patronal por sus “posturas intransigentes” y advirtió que no permitirá que el fracaso del diálogo social “paralice” la acción política contra la crisis y el desempleo y garantizar la protección social.
La postura de los empresarios reclamando una rebaja de cinco puntos en las cotizaciones sociales de las empresas, frente a rebaja del 1,5% que ofrecía el Gobierno, provocó la interrupción de las negociaciones, según el Gobierno. Esta reclamación, que tenía un coste estimado de 18.000 millones de euros para la Seguridad Social, junto a la exigencia de una “profunda reforma laboral”, supuso la “ruptura unilateral”, a juicio del ministro.
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